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Comentarios sobre la atención a inmigrantes en situación ilegal 12/08/2012

He participado últimamente en varias discusiones en las Redes Sociales acerca de las medidas impuestas por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 16/2012  de “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

La verdad es que, también aquí da la sensación que solo puedes alinearte con aquellos que dicen practicar la bonhomía o bien con los insolidarios, sin haber un término medio. Personalmente me parece una inaceptable conclusión.

Realmente los problemas de la inmigración vienen de largo, y no son un problema sanitario, sino social, además muy mal gestionado, según mi opinión.

Realmente la inmigración es un problema inevitable, sobre todo desde países que, literalmente, no tienen ni para subsistir. Cerrar las fronteras es cuasi imposible, pero no ser firme con la inmigración es un grave error que además nos costó bastantes disgustos con nuestros vecinos / socios del norte de Europa.

Y ahora vienen los problemas sociales derivados de esas políticas, porque “España no va bien” y esto nos afecta a todos. Estos problemas deberían haber estado resueltos o paliados hace mucho tiempo.

Uno de ellos es el problema sanitario con los inmigrantes ilegales (fuera de la ley). Y digo esto porque encuentro que se les aplica diferentes eufemismos para evitar decir esto, como por ejemplo “carentes de documentación regular”, “en situaciones administrativas irregulares”, “inmigrantes no regularizados”.

He leído el documento de la SEMFyC “Análisis Ético ante la retirada de Asistencia Sanitaria a Inmigrantes sin permiso de residencia” [ver link].

Tras una primera lectura me parece un documento bienintencionado, nada agresivo, bien estructurado y pensado desde el aspecto ético.

Inicialmente me produce dos interrogantes.

• ¿Se enviará este documento como referente de cabecera a todos los profesionales? Pero no solo para la atención a inmigrantes, sino como comportamiento general para la atención de todos los ciudadanos.
• Si se sigue atendiendo a personas no aseguradas, ¿Quién pagará dicha asistencia?

No tengo respuesta para ninguna de las dos.

En relación con la primera, el documento ilustra una situación ideal, de laboratorio. Quizá un ideal al que hay que dirigirse. Pero comprobamos en el día a día que la aplicación de un ideal a veces se parece poco a la realidad.

Y con respecto a la segunda, evidentemente hay que encontrar un pagador por dos motivos.

1. Porque se debería haber evitado llegar a esta situación desde hace mucho tiempo. El Sistema Sanitario Español es universal, pero no para el universo. Es absolutamente imprescindible definir meridianamente quién sí y quién no tiene derecho a la asistencia. Lo que es insolidario es precisamente no hacerlo, pues se ven perjudicados aquellos que sí tienen derecho a las prestaciones y también perjudicados quienes pagan impuestos.
2. España está quebrada. No hay ingresos en el Estado porque no hay movimiento económico. Las empresas (las que subsisten, 600.000 autónomos desaparecidos) no tienen movimiento, ni financiación. Podemos ver como el elemento sacrosanto de la Administración, el pago de nóminas, está severamente comprometido en algunas comunidades.

Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con la mención en el documento acerca de que la aplicación del Real Decreto puede dar lugar a aparición de brotes de enfermedades infecto contagiosas o a saturación en los servicios de urgencia.

Propone que “la limitación de la atención sanitaria a los casos urgentes debería ampliase a una “atención sanitaria básica”, atención primaria, asistencia preventiva, medidas de salud pública, asistencia urgente, servicios especiales para los discapacitados y acceso a la medicación básica».

Mi opinión es que no debería ser un problema ético para los profesionales, puesto que el concepto de paciente entiendo que va vinculado al de ciudadano.

Sensu stricto uno solo puede considerar “sus pacientes” si tiene un ejercicio profesional independiente, donde los pacientes lo eligen por el motivo que sea, y viceversa.

La empresa sanitaria (el Estado) decide en cada momento a quién asiste y a quién no. Insisto, se debería haber regulado y controlado hace tiempo. Esta falta de regulación y la concesión indiscriminada de Tarjetas Sanitarias con el simple empadronamiento ha dado lugar a múltiples picarescas que todos conocemos.

Además, por parte del Estado, es un contrasentido el no conceder Permisos de Residencia pero paralelamente sí permite el empadronamiento y la Tarjeta Sanitaria.

Para finalizar, la OMC creo que complica algo más la situación [ver link]:

“El médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario igualmente independiente de si este es extranjero no registrados, ni autorizados, como residente en España, correspondiendo al INSS y a las CC.AA. el reconocimiento y control de esta condición”

Entiendo que para la OMC hay que atender a todos las personas en igualdad de condiciones, independientemente de su situación. Creo que esta afirmación podría sugerir dar un paso más a la simple objeción de conciencia que propone la SEMFyC.

Como corolario, una vez más se demuestra que los problemas hay que abordarlos y no postponerlos, pues cada vez es más difícil su solución.

En España no hay una política clara de inmigración, y por supuesto no parece haber acuerdo político para establecerla.

Para quien desee enviar la petición de Objeción de Conciencia puede hacerla través de este link [ver link]

Otros enlaces recomendados:

Sanidad avisa a los médicos objetores de que no pueden atender a sin papeles [ver link].

El PSOE acusa al PP de «sembrar racismo y xenofobia» y estudia recurrir al TC [ver link].

No nos confundamos: La universalidad no es “barra libre” [ver link].