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Propuestas de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del Sistema Sanitario 01/12/2013

En este post transcribo las 27 propuestas de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del Sistema Sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad (documento completo aquí).

Los miembros de la Subcomisión parece que han leído mi Blog… (modesto que soy).

Esperemos que no duerman el sueño de los justos, como el Informe Abril.

V. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBEN ACOMETERSE PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD

Partiendo de las carencias expuestas por los comparecientes y las Comunidades Autónomas en la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad, serían propuestas con las que renovar y poner al día el Sistema Nacional de Salud (SNS) para mejorar su situación actual y favorecer un futuro estable, las siguientes:

1. La consolidación, el desarrollo, la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud requieren un Pacto de Estado con todos los agentes del sector que evite la confrontación partidista y revitalice consensos políticos, profesionales y sociales en torno a la Sanidad como principal pilar del Estado del Bienestar.

2. La Ley General de Sanidad y demás disposiciones legislativas de desarrollo han de ser la base sobre la que modernizar y consolidar un modelo de SNS que garantice plenamente un asistencia sanitaria pública, gratuita, cohesionada, universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos, gestionada conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad, y capaz de adaptarse a los desafíos demográficos, asistenciales, tecnológicos, y financieros presentes y futuros.

3. Fortalecer la cohesión territorial en la aplicación de las competencias que en materia de Sanidad corresponde desarrollar a las diferentes administraciones para aplicar de manera coordinada medidas de eficiencia y de buenas prácticas, tanto en el ámbito de la gestión económica, como en todo lo relativo a la prestación asistencial.

4. Garantizar, desde el diálogo positivo y los acuerdos ya alcanzados con el Ministerio de Sanidad, las condiciones básicas de los profesionales que sean competencia del Estado según la legislación vigente.

5. Favorecer que el profesional gane protagonismo, reconocimiento y autonomía en la gestión clínica en un marco de eficiencia por la sostenibilidad.

6. Actualizar el modelo formativo de los profesionales, desde una nueva troncalidad y el incremento de los conocimientos en Medicina Interna, la gestión de recursos y la coordinación sociosanitaria, de modo que se incremente la polivalencia y la capacidad resolutiva de los profesionales que tanto se requiere actualmente.

7. Promover una gestión y una planificación eficaces de los recursos humanos partiendo del registro nacional de profesionales, al tiempo que se equiparan las diferentes categorías existentes en el SNS, se redefinen las competencias de cada profesión, y se asumen como sanitarias nuevas profesiones.

8. Incluir variables en las retribuciones de los profesionales en función de lo que se es, se hace y los resultados que se obtienen, midiendo productividad, índices de satisfacción y calidad del servicio prestado.

9. Definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria, y coherente con la cohesión territorial, la igualdad y la equidad en el acceso a las prestaciones.

10. Impulsar, sobre una cápita adecuada, las reformas en las políticas presupuestarias de las Comunidades Autónomas para que sus presupuestos garanticen un gasto sanitario por ciudadano adecuado a la cartera de servicios.

11. Aumentar los recursos teniendo en cuenta la disponibilidad real de los mismos y evitar descensos bruscos en las asignaciones que reduzcan la provisión de servicios por debajo de los estándares de calidad, pues tan importante como aumentar los recursos disponibles es favorecer la estabilidad de la financiación.

12. Garantizar el pago a proveedores, controlar las inversiones desde el principio de la efectividad con indicadores de medición, y contar con la Sanidad como un aportador en positivo a la balanza económica del país, que además genera puestos de trabajo de calidad.

13. Agilizar la compensación económica por atención a pacientes entre Comunidades Autónomas, establecer un sistema eficaz de facturación a terceros nacional e internacional, y planificar la asistencia limítrofe y de alta especialización.

14. El Sistema Nacional de Salud debe ser gestionado y planificado desde un nuevo modelo de gobernanza más ejecutiva, eficaz y solidaria que busque la eficiencia y la rendición de cuentas desde la cooperación entre administraciones.

15. Promover la calidad asistencial orientando el SNS hacia las necesidades del paciente, desde una gestión ágil y sujeta a un análisis continuado de resultados en salud.

16. Desarrollar la colaboración con la iniciativa privada en función de lo establecido en la Ley General de Sanidad y en la normativa posterior, siempre procurando la optimización de los recursos propios del sistema público.

17. Coordinar los servicios sanitarios y sociales para ofrecer una asistencia integral, continuada, humanizada, personalizada y sostenible, especialmente en procesos asistenciales complejos y de larga duración. Se debieran tomar como referentes, experiencias de éxito desarrolladas en las Comunidades Autónomas, así como las propuestas contenidas en el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria que el Ministerio de Sanidad y las propias Comunidades Autónomas elaboraron en diciembre de 2011.

18. Potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, incrementar el protagonismo asistencial de los servicios de Medicina Interna, y actualizar la organización y la estructura del sistema desde la coordinación sociosanitaria integral para garantizar una respuesta asistencial adecuada a las enfermedades más prevalentes, y en especial a las patologías crónicas y relacionadas con la salud mental.

19. Promover el desarrollo de la Ley General de Salud Pública para potenciar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, haciendo que el paciente, en torno al cual ha de desarrollarse todas las políticas en el sistema sanitario, se implique activamente en su autocuidado desde la infancia.

20. Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario desde el trabajo conjunto de los organismos públicos de investigación, las universidades y la iniciativa privada.

21. Fomentar el acceso equitativo de los ciudadanos a las innovaciones, con independencia del lugar en el que residan.

22. La calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes debe ser la base de la acreditación de los centros y las instituciones sanitarias.

23. Desarrollar un sistema de evaluación de tecnologías y prestaciones sobre el que definir la cobertura asistencial. En este sentido, hay que desarrollar la estructura y el trabajo desempeñado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias en la línea del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico.

24. Establecer, desde la transparencia, indicadores de salud centrados en la calidad, la equidad y la continuidad asistenciales, y en la seguridad del paciente. Los indicadores deben aplicarse a cada servicio de cada centro asistencial, y la información debe ampliarse y actualizarse periódicamente, y hacerse pública conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos y en la legislación sanitaria de carácter general.

25. Implementar un sistema de información interoperable con el que obtener la evidencia suficiente para tomar decisiones y garantizar los derechos y la seguridad del paciente.

26. Impulsar la interoperabilidad en todo el sistema sanitario de la tarjeta sanitaria individual, la receta y la historia clínica electrónicas.

27. Crear una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado por la Sanidad en el Congreso de los Diputados, que vele, a imagen de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, por el cumplimiento de las medidas consensuadas por el ministerio de referencia en el ámbito sanitario con los profesionales, las Comunidades Autónomas, y los partidos políticos en favor de la calidad, la seguridad, la eficiencia, la equidad y la solvencia del sistema sanitario. La citada comisión deberá convocar periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y el alcance de los acuerdos que se formulen para fortalecer el derecho a la protección de la salud y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto.